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Frente a quienes sostienen que Colombia debe globalizarse es preciso afirmar que ningún país es una isla, esto es, que todos, de alguna manera, están globalizados en una historia de la humanidad que se ha venido unificando, en muchos casos, a costa de la diversidad cultural. La pregunta que debe proponerse, en consecuencia, no es si Colombia debe globalizarse, la pregunta es ¿de qué manera Colombia se ha globalizado? En el mismo sentido, tras constatar que en el contexto de la globalización todos los países están insertados en la economía de mercado, incluso en contra de la idea de construir un modelo de desarrollo propio, la cuestión que debe proponerse es: ¿de qué manera se ha insertado Colombia en la economía mundial, esto es, bajo qué condiciones se ha insertado y qué beneficios y costos sociales se han derivado de esa inserción?.Este aserto suscita una cuestión: ¿cómo deben estructurarse las relaciones entre sociedad, política y economía en un Estado en vías de desarrollo como el colombiano cuando al mismo tiempo que debe afrontar un conflicto armado de dimensiones muy complejas, y que echa raíces en la desigualdad y la exclusión, también necesita afrontar las consecuencias de una ineluctable inserción en la economía mundial que agudiza la desigualdad y la exclusión?.Uno de los corolarios que se colige de este trabajo es el siguiente: el Estado social de derecho afronta una paradoja porque bajo el nuevo contexto de la globalización debe alcanzar dos objetivos que parecen opuestos y, tal vez, irreconciliables: en primer lugar, debe asumir mayores responsabilidades para regular las prácticas derivadas de la internacionalización de la economía de mercado; en segundo lugar, debe alcanzar las premisas sobre la humanizacion del desarrollo referidas a la internacionalización de los derechos humanos. No obstante, el Estado debe alcanzar esos objetivos en un contexto globalizado bajo cuyas dinámicas se experimentan dos fenómenos: por un lado, un declive de lo público y de la democracia que a mediados del siglo XX dieron sentido a las instituciones que buscan garantizar los derechos sociales y propiciar la intervención en la economía; por el otro, un declive de su soberanía, una pérdida de su legitimidad y una merma considerable de sus competencias o atributos.